Trump puede poner fin al programa de ‘parole’ que protegía a inmigrantes de la deportación, según la Corte Suprema
La Corte Suprema de EE. UU. permitió este viernes que el Gobierno de Donald Trump avance en su intento por cancelar un programa de ‘parole humanitario’, el cual protege de la deportación a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Lo que ha ocurrido, paso a paso:
1. Autorización del programa (2023)
El presidente Joe Biden creó un programa de ‘parole’ que permitía a ciertos migrantes de esos países vivir y trabajar legalmente en EE. UU. por hasta dos años.
Para calificar, los solicitantes debían tener un patrocinador en EE. UU. y pasar una verificación de seguridad.
2. Trump intenta revocar el programa
En su primer día de mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a ese programa. Su Gobierno argumenta que estos permisos incentivaban la inmigración ilegal y que su cancelación es una medida clave de política migratoria.
3. Demanda y fallo inicial
Migrantes afectados presentaron una demanda. La jueza federal Indira Talwani bloqueó temporalmente la cancelación del programa, permitiendo únicamente revocaciones caso por caso.
4. Apelación rechazada
El 5 de mayo, un tribunal de apelaciones en Boston se negó a levantar el bloqueo de Talwani. Los jueces expresaron dudas sobre si el Gobierno podía anular el programa en su totalidad sin análisis individual.
5. Intervención de la Corte Suprema
Este viernes, la Corte Suprema permitió que el Gobierno de Trump avance en su plan de suspensión del programa. Aunque la orden no es definitiva (el caso aún seguirá en tribunales inferiores), sí permite acelerar las deportaciones.
6. Voto dividido
La orden no fue firmada por los jueces, pero se sabe que las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de la decisión.
Contexto adicional
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El programa de ‘parole’ existe desde la década de 1950 y permite al Ejecutivo autorizar estancias temporales por razones humanitarias.
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El Gobierno de Trump sostiene que la eliminación del programa es esencial para proteger la soberanía migratoria.
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Sin embargo, críticos argumentan que la cancelación masiva sin evaluaciones individuales viola principios básicos del debido proceso.
