¿Cumplen los gobiernos con la ley de transparencia? Regidora Amalia Morales señala avances y pendientes
Matamoros, Tamps.— 11/08/25-En un contexto donde la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana, la regidora de Movimiento Ciudadano, Amalia Morales Cobos, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en el Cabildo de Matamoros, hace un llamado firme a las autoridades a cumplir con lo que marca la ley en materia de transparencia.
“Los gobiernos deben transparentar sus gastos y lo que invierten en la ciudad. Para eso existen mecanismos legales que permiten al público solicitar y acceder a esa información”, señaló Morales Cobos en entrevista, subrayando que el acceso a la información no es una concesión, sino un derecho constitucional respaldado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los sujetos obligados deben publicar al menos el 95% de la información catalogada como de oficio. Esto incluye sueldos de funcionarios, contratos, obras públicas, presupuesto ejercido, adquisiciones, entre otros.
En el caso del municipio de Matamoros, Morales Cobos informó que el cumplimiento se ha mantenido en un rango del 80% al 90% en las últimas evaluaciones, lo que representa un avance, pero aún deja espacios pendientes por mejorar. “Aunque sí se sube información a los portales oficiales, todavía hay rezagos en la actualización constante y en la calidad de los datos que se presentan”, agregó.
La regidora también enfatizó que la transparencia no debe limitarse al cumplimiento técnico. “De nada sirve cumplir con porcentajes si la información está incompleta o poco clara para los ciudadanos. La transparencia debe ser efectiva y accesible para todos”, puntualizó.
Amalia Morales reiteró su compromiso como presidenta de la Comisión de Transparencia para vigilar que se cumpla con los principios de máxima publicidad, rendición de cuentas y acceso real a la información pública, recordando que todo ciudadano tiene el derecho de solicitar datos sobre cómo se gasta el dinero público y en qué se invierte.
