Manuel Bartlett, director de la Comisión federal de Electricidad (CFE), podría ser detenido si entra a Estados Unidos para ser interrogado por la tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la agencia antidrogas conocida por sus siglas, DEA.

De acuerdo con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en aquél país, fragmentos de un expediente oficial del caso Camarena recogen lo dicho por testigos protegidos “que señalan a Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación en aquel momento y actual director de la CFE, como participante en reuniones con narcos antes y después de que dicho crimen se llevara a cabo”.

Camarena fue un agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985. Los capos –Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero– que se encargaron de asesinarlo están detenidos y Bartlett ha sido señalado desde entonces.

“Los funcionarios del Departamento de Justicia –quienes por tratarse de una investigación en curso piden el anonimato–, dicen que varios ‘testigos protegidos’ que llevan años colaborando en el caso han insistido en mencionar a Bartlett”, dice Proceso esta mañana de domingo.

“[Bartlett Díaz] tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, dijo un funcionario a Jesús Esquivel, quien agrega: “Los documentos del caso mencionan al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como participante en reuniones con narcos y funcionaros antes del secuestro y después del asesinato de Camarena”.

Información obtenida de: https://www.sinembargo.mx/23-05-2021/3979104

Si bien el impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia por el Covid-19 contrajeron la economía nacional y, por ende, aumentaron los índices de pobreza laboral a nivel nacional, seis estados lograron disminuir este indicador en el primer trimestre del 2021.

Estas entidades que consiguieron descender el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, en comparación con los resultados de los primeros tres meses del 2020, fueron: Campeche (pasó de 40.9 a 40.7%, -0.1 puntos porcentuales), Tamaulipas (de 32.4 a 31.9%, -0.5 puntos), Oaxaca (de 57.3 a 55.8%, -1.4), Chiapas (de 66.7 a 65.1%, -1.6), Nayarit (de 30.8 a 27.1%, -3.6) y Zacatecas (de 46.4 a 42.7%, -3.8 puntos porcentuales).

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza laboral, definida como el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, aumentó 3.8 puntos porcentuales en el país, al pasar de 35.6 a 39.4% entre el primer trimestre del 2020 e igual periodo del año en curso.

“Entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentran la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas rurales”, detalló el Coneval.

En ingreso laboral per cápita, nueve entidades mostraron incrementos (se encuentran las seis que disminuyeron su pobreza laboral): Nayarit (19.0% a tasa anual real), Zacatecas (7.1%), Oaxaca (4.2%), Chiapas (2.7%), Campeche (1.1%), Jalisco (0.9%), Morelos (0.7%), Veracruz (0.6%) y Tamaulipas (0.2 por ciento). Se observa que a pesar de que Jalisco, Morelos y Veracruz incrementaron este indicador, fue insuficiente para evitar el alza en su pobreza laboral.

Desde otra perspectiva, la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades. El mayor ascenso se produjo en la Ciudad de México, que ha sido el territorio más castigado por la pandemia (obtuvo la mayor pérdida de empleos formales entre marzo del 2020 y abril del 2021, con 230,901 despidos acumulados; presentó la tercera caída más pronunciada de la actividad económica en el último trimestre del año pasado, con -9.0% anual desestacionalizada, y registró la mayor disminución en ingreso laboral per cápita en el primer trimestre del 2021, con -20.3% anual real).

La pobreza laboral de la capital del país pasó de 28.3% en los primeros tres meses del 2020 a 43.2% en el mismo lapso de este año, es decir, un crecimiento de 14.9 puntos porcentuales.

Le siguieron Quintana Roo (de 27.2 a 37.3%, +10.1 puntos), Baja California Sur (de 16.2 a 24.6%, +8.3) y Tabasco (de 39.1 a 46.2%, +7.1 puntos porcentuales).

En tanto, los estados con el mayor porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron Chiapas (65.1% en esta condición), Guerrero (57.5%) y Oaxaca (55.8%), mientras las menores relaciones se dieron en Nuevo León (22.2%), Jalisco (24.5%), Baja California Sur (24.6 por ciento).

Contexto

Por la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 en México, se estableció la suspensión de actividades no esenciales en marzo del 2020.

Debido a que a finales de 2020 se observó un aumento en el número de casos por Covid-19, el número de entidades en semáforo rojo pasó de tres en la última semana de diciembre del 2020 a diez a finales de enero de 2021, lo cual afectó la reapertura que se venía dando.

Ya en la última semana de febrero del 2021 ninguna entidad presentaba semáforo rojo por Covid-19. “El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía”, detalla el Coneval.

Información obtenida de: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Pobreza-laboral-disminuye-solo-en-seis-estados-20210519-0145.html

Brian Cogan, el juez federal de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, a cargo del caso de Genaro García Luna, aceptó la moción presentada por el Departamento de Justicia de mantener bajo protección materiales de evidencia que pudieran derivar en la identificación de eventuales testigos si se llega a un juicio.

“Permitiré diferir la develación de material (evidencias) que se descubra con el cual se pueda dar a conocer la identidad de posibles testigos o interfiera con la investigación en curso”, determinó Cogan.

El fallo del juez a la petición que la habían presentado en marzo pasado los fiscales federales del caso, prohíbe que la defensa de García Luna a cargo del abogado de oficio César de Castro, pueda identificar a los posibles testigos al revisar nuevas evidencias del proceso.

García Luna secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, está acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y contubernio con una fracción del Cártel de Sinaloa, cuando ejerció puestos gubernamentales en México.

El otrora amigo, mano derecha, confidente y asesor de Calderón negocia con el Departamento de Justicia la posibilidad de convertirse en testigo cooperante para evitar ser procesado en juicio ante el juez Cogan y como premio recibir una sentencia benévola.

Por los cargos que le imputa Estados Unidos y de llevarse a cabo un juicio, de ser declarado culpable García Luna recibiría una sentencia mínima de 20 años de cárcel y una condena máxima de cadena perpetua; como testigo cooperante podría ser castigado a unos cinco años de prisión.

Hasta este momento y con la anuencia de que el próximo 23 de junio se lleve a cabo otra audiencia virtual de trámite para la preparación de juicio, los fiscales han presentado a la Corte más de un millón de páginas con evidencias para culpar a García Luna de narcotráfico.

Además de los documentos, el Departamento de Justicia ha entregado a Cogan y a la defensa de García Luna, múltiples grabaciones de comunicaciones del acusado, videos y documentos financieros que presuntamente sustentan la certificación de los delitos que le achacan.

Información obtenida de: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/20/juez-de-eu-ordena-proteger-material-del-caso-garcia-luna-que-pueda-develar-identidad-de-testigos-264273.html

Tres directivos de la prisión del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron asesinados a balazos la noche de este miércoles, informaron autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres armados alrededor de las 20:30 horas, sobre la avenida de acceso al centro penitenciario, ubicado en el poblado denominado como El Bordonal.

Los tres funcionarios viajaban en la cabina de una camioneta habilitada como patrulla, en cuya parte trasera iban dos agentes de seguridad y custodia del penal.

En el ataque, los cinco ocupantes de la patrulla recibieron varios impactos de bala, al parecer de rifles de asalto. La patrulla, sin control del operador, se precipitó hacia un canal de agua pluvial.

Tras el ataque, custodios del centro penitenciario auxiliaron a sus compañeros y pidieron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil, quienes confirmaron el deceso de Andrés Medero, Gonzalo Mendoza y Abel Béjar, quienes se desempeñaban como director, jefe de seguridad y encargado de los talleres de enseñanza, respectivamente.

En tanto, los policías de seguridad y custodia resultaron gravemente heridos, por lo que fueron internados en un hospital regional, bajo guardia policial y militar.

Agentes del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina Armada de México, así como de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, en poblaciones y áreas de la costa del Pacífico mexicano.

El pasado lunes, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, colindante con el Estado de México, fueron abandonados los cuerpos de una mujer y ocho hombres, todos con huellas de tortura e impactos de bala.

Los nueve cadáveres estaban en la caja de una camioneta de carga , en plena zona centro de Zitácuaro.

Información obtenida de: https://www.sinembargo.mx/20-05-2021/3977825

Con la simulación de ahorcamiento y linchamiento público, indígenas de una comunidad de San Cristóbal de las Casas obligaron al candidato a la presidencia municipal por Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, a pagar 300 mil pesos a cambio de ser liberado y como sanción por incumplir con la gestión obras prometidas cuando fue diputado local.

Con la consigna de que “el gobierno de Morena no ha cumplido entre los pueblos de San Cristóbal de las Casas”, indígenas tsotsiles de la comunidad Los Llanos detuvieron a Juan Salvador Camacho y a 21 integrantes de su equipo de campaña cuando llegó a esa comunidad el pasado domingo 16 de mayo para hacer un acto proselitista.

En dos videos que comenzaron a circular este miércoles, el hijo del exregente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, fue rodeado por la multitud, quienes en castellano y lengua tsotsil empiezan a reclamarle la falta de apoyo y la nula gestión de obra pública que hizo mientras fue diputado local, como prometió cuando buscó el voto con ellos.

En el video se ve que le quitaron los zapatos y lo hicieron caminar varios metros; en el trayecto, un indígena le arrebató los lentes y los arrojó al suelo, y otro más gritó en lengua tsotsil que lo vistan de mujer: “Traigan una falda, quítenle el pantalón”.

Juan Salvador Camacho Velasco, primo hermano del exgobernador y ahora senador Manuel Velasco Coello, pedía dialogar y negociar su libertad mientras era llevado de los brazos por dos personas con equipo de radiocomunicación en la cintura.

Entre gritos fue llevado a empellones al patio de una escuela, se escuchó que, si desea ser perdonado por la multitud, debería pagar 300 mil pesos como sanción por incumplir con lo prometido.

Fue llevado hasta un árbol, donde colocaron una soga para ponérsela en el cuello.

Tras varios minutos de tensión, por fin el diputado acepta pagar los 300 mil pesos y le es quitada la soga del cuello.

Aunque estos hechos ocurrieron el pasado domingo 16, el candidato negó que hubiera ocurrido este incidente y que hubiera pagado los 300 mil pesos, sólo se limitó a decir que era gente simpatizante del PVEM, que fue azuzada por sus adversarios políticos.

Los Llanos es una comunidad ubicada a 17 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, entre esta ciudad y Huixtán, cerca del penal estatal número 5, en la región Altos de Chiapas.

Información obtenida de: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/19/simulan-ahorcamiento-de-candidato-de-morena-por-incumplir-cuando-fue-diputado-264217.html

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la ampliación del cierre de la frontera con Estados Unidos se debe a que las autoridades del vecino país decidieron no reabrir hasta que avance lo suficiente la vacunación contra Covid-19.

Cuestionado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la SRE dijo que se tiene contacto sobre el tema con autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De parte de México, añadió, cuando en una ciudad se está en verde ya no hay motivos para imponer restricciones salvo que existiese un indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o mayor número de contagios, lo que no sucede en la frontera norte .

«Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto es severo y los alcances de la vacunación que ellos tienen y nosotros empezamos a tener aconsejarían quitar las restricciones ya pronto»

Ebrard comentó que las autoridades estadounidenses esperan a alcanzar porcentajes arriba del 60 por ciento, lo cual México confía será para el verano.

CIUDAD DE MÉXICO

La búsqueda de Reyna, reportada como desaparecida el 14 de mayo en Atizapán de Zaragoza, llevó a la policía a tocar la puerta del señor Andrés M, un hombre de la tercera edad, en la calle Margaritas, colonia Lomas de San Miguel en el mismo municipio.

Personas cercanas a Reyna ubicaban al sujeto de 72 años como un amigo con el que ella quería romper su relación.

La tarde de ayer los policías llegaron buscando a Reyna y encontraron su cuerpo desmembrado en el sótano.

Andrés M fue detenido y trasladado al centro penitenciario de Tlalnepantla en calidad de imputado por el feminicidio de Reyna.

Mientras tanto el cateo en su casa continuó con más hallazgos como cintas de videos rotuladas con nombres de mujeres y fechas, así como libretas con nombres de posibles víctimas, por lo menos tres credenciales de elector que se localizaron en la escena del crimen, ubican a otra víctima de desaparición, a Flor Nínive Vizcaino Mejía reportada como desaparecida en octubre de 2016.

Este descubrimiento llevó a los peritos de la fiscalía a pedir el apoyo de bomberos para continuar escarbando en las habitaciones del resto de la casa, poco a poco han extraído restos óseos de al menos 10 mujeres, pero los trabajos continúan y dicen las autoridades que la cifra podría aumentar.

Con información de Miriam Moreno.

Fuente Excelsior

Los jueces federales especializados, Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro resolvieron otorgar las suspensiones definitivas a las empresas que se ampararon contra la Ley de Hidrocarburos, lo que congela por tiempo indefinido la aplicación de esa norma.

El gobierno federal tiene la oportunidad de impugnar dichas resoluciones, presentando los respectivos recursos de revisión, ante un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, las empresas beneficiadas con las suspensiones definitivas son Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil, Dalia Pilar Lamarque Picos, Viga Express, Grupo Base Energéticos y Pharaoh International Products, que se ampararon contra la Ley de Hidrocarburos que entró en vigor el pasado 4 de mayo.

En su resolución el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, De la Peza López, estableció que con la suspensión quedan sin efectos, y consecuencias derivadas, los artículos 51, 57, 59 bis, transitorios cuarto y sexto de la ley impugnada.

Esos artículos prevén la suspensión de contratos por motivos de seguridad nacional, energética o de protección a la economía nacional; así como la revocación del permiso por no cumplir con el requisito de almacenamiento mínimo que determine la Secretaría de Energía.

También, en los artículos referidos, se establece la posibilidad de que únicamente sea la empresa productiva del Estado la facultada para manejar y controlar las instalaciones de las empresas intervenidas, ocupadas o suspendidas.

El juez Gómez Fierro, titulas del Segundo Juzgado especializado en esas materias, otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que se suspendan en su totalidad las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, y los transitorios cuarto y sexto.

El juzgador argumentó que aunque la medida cautelar fue solicitada únicamente por cinco empresas quejosas, que cuentan con un permiso para participar en actividades reguladas del sector de hidrocarburos, el efecto debe ser general para no dar ventajas competitivas.

Debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector”, argumentó en la resolución el Juez Gómez Fierro.

Se indicó que con la suspensión otorgada solo a los quejosos, éstos y las empresas del Estado podrían participar en el manejo y control de instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas; además las quejosas no podrían ser sancionadas como lo establecen los artículos cuatro y sexto transitorios impugnados.

Estas ventajas, estableció el Juez Gómez Fierro, atentarían contra la competencia y libre concurrencia, además de que establecen la ruta para que Petróleos Mexicanos (Pemex) retome el papel monopólico con el que contaba hasta antes de la reforma energética.

También se le da exclusividad a Pemex y subsidiarias para contratar empresas que se hagan cargo del manejo y control de las instalaciones de los permisionarios que sean ocupadas, intervenidas o suspendidas.

Información obtenida de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/jueces-congelan-ley-de-hidrocarburos-por-tiempo-indefinido/1449320

Zhu Qingqiao, embajador de China en México, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al Estado mexicano, la petición de perdón por la masacre ocurrida en 1911 en contra de esta comunidad en Torreón, Coahuila, y aseguró que con este acto se curan las cicatrices que dejó esta tragedia.

En la ceremonia, encabezada por AMLO, el embajador chino destacó que con la llegada del COVID-19, la cooperación entre ambos países para enfrentar esta pandemia se ha fortalecido, lo que ha dejado, señaló, una profunda huella en las relaciones bilaterales.

«A principios del siglo XX algunos (integrantes de la comunidad china) vivieron injusticias en algunos lugares como Torreón, pero a través del evento de hoy se consuela a las vidas perdidas y se curan las cicatrices que ha dejado la historia. La parte china aprecia al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno mexicano por su sentir de responsabilidad histórica y su compromiso».

«Ante el COVID-19, bajo la dirección del presidente Xi Jinping y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos países han logrado resultados destacados en la cooperación en contra del virus. Nunca olvidaremos el apoyo y la solidaridad de México a China en los momentos más cruciales en contra del virus. En la aparición del COVID en México, los aviones cargados de material sanitario y las vacunas chinas que llevan esperanza a México ha dejado una fuerte huella en las relaciones entre los dos países», dijo.

El embajador chino aseguró que este agravio en contra de la comunidad oriental en Torreón pasó hace más de 100 años, pero el México de hoy se ha convertido en un hogar para la conveniencia de personas de diferentes colores, creencias y culturas.

«La sombra de lo que pasó en Torreón se ha disparado y la amistad entre China y México se ha vuelto cada más fuerte a la luz del tiempo».

Sin embargo, Zhu Qingqiao alertó que en algunos lugares del mundo existe el racismo, la xenofobia, el odio y la violencia en contra de las minorías debido a la discriminación el prejuicio.

Antes, en un emotivo mensaje, Sergio Ley López, ex embajador de México en China, en nombre del Estado mexicano pidió perdón a esta comunidad por esta masacre, y aseguró que este acto enaltece al Presidente López Obrador pues les da sentido a sus acciones de gobierno.

Recordó que China es hoy una gran potencia y es el segundo socio comercial de México en el mundo «un indicador estratégico a la hora de imaginar un nuevo y diversificado horizontes de oportunidades para nuestro país».

«Señor Presidente, de conformidad a los lineamientos de su gobierno, con el gran honor que usted me ha conferido, hoy en nombre del Estado Mexicanos le pedimos perdón a la comunidad china en México por lo agravios cometidos en su contra a lo largo de nuestra historia.

«Señor Presidente, le agradezco profundamente este acto que lo enaltece y le da sentido a sus acciones de gobierno», agregó.

Información obtenida de: https://www.informador.mx/mexico/Embajador-chino-agradece-a-AMLO-peticion-de-perdon-por-masacre-20210517-0053.html

El despacho Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C., del que forman parte abogados de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo depósitos por más de 32 millones de pesos a una empresa fantasma que estuvo directamente involucrada en los desvíos de recursos durante del gobierno del priista César Duarte.

Documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la que tuvo acceso Animal Político señala que, el 26 de febrero de 2016, el bufete jurídico del panista Lozano Gracia hizo dos transferencias vía SPEI por 32 millones 564 mil 287 pesos a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., clasificada por el SAT como empresa fantasma definitiva.

La Fiscalía de Chihuahua identificó que el Despacho de Profesionistas Futura es una de las cuatro empresas fachada mediante las que la administración del exgobernador Duarte desvió, en abril de ese mismo año, 246 millones de pesos de fondos federales para financiar campañas electorales del PRI, en el caso denominado “Operación Zafiro”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) corroboró que Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. realizó los depósitos a la empresa duartista e inició una investigación desde la Unidad Técnica de Fiscalización. El pasado 8 de marzo, el árbitro electoral envió al bufete jurídico de Lozano Gracia un requerimiento para esclarecer su relación con el Despacho Futura y el motivo por el cual le transfirió 32.5 millones de pesos dos meses antes de que se registraran los desvíos del gobierno de Chihuahua, de acuerdo con el oficio INE/JLE-CM/937/2021.

Actualmente, un grupo de integrantes y exmiembros del despacho de Lozano Gracia y Asociados S.C., así como abogados panistas vinculados a ellos, son los principales defensores jurídicos de Maru Campos en el proceso penal por el que la candidata del PAN fue vinculada a proceso por el delito de cohecho.

La Fiscalía de Chihuahua la acusa de haber cobrado sobornos por más de 9 millones de pesos de parte de César Duarte desde febrero de 2014 y hasta abril de 2016, mes en el que se consumaron los desvíos de la “Operación Zafiro”. Este medio posee copia de los recibos de pago que, según la Fiscalía, confirmarían que Maru Campos era beneficiaria de la “nómina secreta” del exgobernador Duarte.

Para su defensa jurídica, la alcaldesa con licencia contrató a Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, ambos extitulares de la extinta PGR, el primero durante la administración de Ernesto Zedillo, el segundo con Felipe Calderón. Chávez Chávez fue durante años socio en el despacho Lozano Gracia y Asociados S.C., y actualmente dirige su propio bufete jurídico.

Otro defensor de Maru Campos es Jorge Joaquín Díaz López, extitular de la Unidad de Delitos Contra la Salud y excoordinador de Investigaciones de la SEIDO (PGR), y miembro activo del despacho de Lozano Gracia.

Francisco Molina Ruiz, otro integrante de la defensa, aunque no forma parte del bufete jurídico, fue subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo cuando Chávez Chávez era titular de la PGR.

Este medio se puso en contacto con la coordinación de la campaña de Maru Campos para cuestionarle si considera perjudicial la implicación de sus abogados con una empresa de la “Operación Zafiro”. El coordinador, Luis Serrato, afirmó que los litigantes son quienes deben emitir una respuesta, pues la candidata está dedicada a “construir una alianza con los chihuahuenses”.

“Sobre esos temas, creo que deberán ser los abogados de ese despacho quienes hablen al respecto, porque acá en la campaña estamos ocupados en los temas que le interesan a los ciudadanos y sumando voluntades”, refirió.

El nexo fue Daewoo, dice Lozano Gracia

El exprocurador Lozano Gracia reconoció las transferencias efectuadas por su firma de abogados al Despacho de Profesionistas Futura y aclaró que fue un pago por prestación de servicios profesionales; además, aseguró, al momento de los depósitos no estaba enterado de la participación de la empresa fantasma en la trama de corrupción del caso “Zafiro”.

En entrevista, el litigante refirió que está al tanto de la investigación del INE, y dijo que el representante legal de su despacho dio respuesta al requerimiento de investigación del árbitro electoral, misma que se reproduce íntegramente a continuación.

En el oficio INE/JLE-CM/937/2021, el Instituto notificó a Antonio Lozano Gracia y Asociados S.C. que el requerimiento forma parte de un proceso sancionador iniciado por la Unidad Técnica de Fiscalización a raíz de quejas interpuestas por Morena, el PAN y el PRD en contra del PRI por los desvíos de recursos de la “Operación Zafiro” en el marco del proceso electoral 2015-2016.

“Se tiene certeza de que su representada realizó operaciones con la persona moral denominada Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., misma que se encuentra sujeta a investigación por ser parte fundamental en la resolución del procedimiento administrativo sancionador en comento”, señala el oficio del INE.

Tanto en la contestación dada al Instituto como en la entrevista concedida a este medio, Lozano Gracia señaló que el pago de su firma jurídica a Despacho Futura se dio por petición del corporativo de electrodomésticos de origen coreano Daewoo Electronics Corporation México S.A. de C.V. y de su filial DDCAM México S.A. de C.V.

Conforme el escrito, Daewoo era cliente de Lozano Gracia y Asociados S.C. desde 2010. En 2014, el corporativo lo contrató nuevamente para que lo asesorara a fin de participar en la licitación de televisores para el “apagón analógico”.

En el transcurso del trabajo, se expuso, Daewoo le pidió al despacho de Lozano Gracia que contratara específicamente a una persona identificada como María de Lourdes Gallardo Carrillo, a quien el corporativo coreano encargó hacer el estudio de mercado que sería entregado en la licitación, así como gestionar financiamientos en la banca para poder concursar.

Aunque, en efecto, se firmó un contrato de prestación de servicios profesionales entre el despacho jurídico y Gallardo Carrillo, Lozano Gracia aseguró que nunca la conoció personalmente.

Finalmente, Daewoo, a través de su filial DDCAM, ganó una partida de la licitación por 405.4 millones de pesos. Una vez que Lozano Gracia y Asociados S.C. recibió el pago del corporativo coreano, se dispuso a transferir a Gallardo Carrillo sus honorarios. Pero, de acuerdo con el relato, ésta le solicitó el 17 de agosto de 2015 que se le depositara su pago, no a ella, sino a la razón social Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V., de la que era representante legal. Sus honorarios eran por 32 millones 564 mil 287 pesos, se aseguró.

La empresa Despacho Futura había sido constituida apenas cuatro días antes del pago, el 13 de agosto, junto con otras cinco compañías que participarían en la trama corrupta de la “Operación Zafiro”. Otras 13 empresas fachada fueron creadas el 18 de agosto, de acuerdo con documentación en poder de Animal Político.

El abogado Lozano Gracia sostiene que, para hacer el depósito de sus honorarios, se solicitó a Gallardo Carrillo el acta constitutiva de su empresa y comprobante de que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales. Luego, se hizo la transferencia de 32.5 millones de pesos el 26 de febrero de 2016, seis meses después de la constitución del Despacho Futura. Incluso, tras los depósitos, Gallardo Carrillo entregó un comprobante del pago de impuestos por esos ingresos.

Lozano Gracia destaca que, mientras que Futura y otras empresas fachada recibieron recursos públicos del gobierno de Chihuahua, los recursos que su despacho pagó a dicha razón social eran privados y provenían de Daewoo.

“En mi caso, los recursos que yo recibo provienen de esa empresa (Daewoo), no de ninguna entidad pública. Y yo cuando los recibo, recibo mis honorarios, que declaro y de los cuales pago los impuestos correspondientes, y pago a quien había prestado un servicio que me habían indicado (Gallardo Carrillo). Entonces, es un dato diferenciador muy contundente”, sostiene en entrevista.

Una familia blanquea 547 millones de pesos

María de Lourdes Gallardo Carrillo fue una pieza clave en la creación de empresas de papel utilizadas por la Secretaría de Hacienda y el gobierno de César Duarte para orquestar el desvío de 246 millones de pesos en 2016, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

Mediante cuatro contratos por adjudicación directa, todos esos recursos fueron transferidos el 7 de abril de 2016 a cuatro razones sociales, que después los dispersaron a decenas de personas físicas y morales para que posteriormente llegaran a las campañas del PRI.

Se trata de Servicios y Asesorías Sisas S.A. de C.V. (que recibió 46 millones de pesos), Servicios y Asesorías Sinnax S.A. de C.V. (55 millones), Servicios y Asesorías Samex S.C. (55 millones) y el Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V. (90 millones), todas creadas entre el 13 y el 18 de agosto de 2015.

Gallardo Carrillo y sus parientes figuran como socios y representantes legales de las cuatro compañías, que en conjunto recibieron los 246 millones de pesos malversados por el gobierno de Chihuahua.

Uno de los familiares involucrados es José Juan Saliano González, un policía del Estado de México que fue detenido en octubre de 2016 -meses después de los desvíos- por intentar robar 3 millones de pesos de una empresa que él custodiaba junto con otros dos agentes en Jardines del Pedregal, Coyoacán, según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La familia de Gallardo Carrillo también aparece como prestanombres en los documentos constitutivos de otras 13 compañías de papel de la red “Zafiro”, según documentación consultada por Animal Político: Comercializadora Fing, Constructora y Abastecedora Cofex, Network Securiti Advisor, Novanight, Publicidad Icon, Servicios Empresariales Parley, Constructora y Abastecedora Casmex, Comercializadora Vezcu, Constructora Invelco, Despacho de Profesionistas Faga, Constructora Franfeca, Publicidad Recrea y Comercializadora Sinex.

Así, los parientes de Gallardo Carrillo formaron al menos 17 empresas de la red “Zafiro”. De ese total, el SAT boletinó a nueve como empresas fantasma definitivas que simularon operaciones. MCCI documentó que la mayoría tiene domicilios fiscales en casas particulares de colonias populares de la Ciudad de México y el Edomex.

Una investigación de la UIF, a la que este medio tuvo acceso, señala que 11 compañías del grupo recibieron transferencias millonarias en 2016, no sólo de Chihuahua, sino también de Durango, Morelos, Sonora, Colima, Michoacán y el Estado de México.

Así, además de los 246 millones provenientes del gobierno de César Duarte, esas compañías recibieron otros 301 millones 092 mil 171 pesos de los otros estados, para un total de 547 millones 092 mil 171 pesos desviados.

Información obtenida de: https://www.animalpolitico.com/2021/05/abogados-maru-campos-empresa-fantasma-operacion-zafiro/