«Duarte quería asegurar agua para su retiro… lástima que se le fue el cauce (y el cargo)»
Conagua alista demolición de presa en rancho de César Duarte: un intento por recuperar el agua en Chihuahua y enfrentar el legado de corrupción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la demolición de una presa construida de forma presuntamente ilegal en el rancho “El Saucito”, propiedad incautada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La medida busca combatir la escasez hídrica en la región y recuperar el cauce natural del agua, severamente afectado por años de sequía extrema.
Esta acción no solo responde a una emergencia climática: también se inserta en un contexto más amplio de lucha contra el acaparamiento de recursos naturales por parte de actores políticos. De acuerdo con medios locales, la presa no contaba con los permisos adecuados y fue construida como parte de una red de prácticas irregulares orientadas al beneficio privado en detrimento del bien común.
Una estrategia para frenar el acaparamiento del agua
La región de Chihuahua enfrenta una de las sequías más severas en décadas, y las autoridades identificaron esta presa como un obstáculo para el flujo natural de agua en la zona. Tras un cateo, personal de Conagua instaló equipos para iniciar la demolición, argumentando que la infraestructura interfiere con el equilibrio hídrico regional y favorece extracciones ilegales.
Esta presa, construida dentro de una propiedad de más de 4,300 hectáreas, forma parte de los activos obtenidos por Duarte durante su mandato, mediante presuntas operaciones fraudulentas. Entre ellas, se señalan el uso de prestanombres, coacción institucional para obligar a propietarios a vender a precios bajos, e incluso un caso documentado de privación ilegal de la libertad para forzar la venta de tierras.
Corrupción política y control territorial
“El Saucito” fue concebido por Duarte como su «plan de retiro», con la intención de consolidarse como un actor clave en la ganadería del norte del país. No se trataba solo de un proyecto agrícola: era un símbolo del poder político que se perpetúa mediante el control del agua, la tierra y los recursos estratégicos.
La demolición de la presa no solo representa un esfuerzo técnico para mejorar la distribución del agua. También es un acto simbólico que expone cómo algunos políticos utilizan sus cargos para enriquecerse y asegurarse un futuro de privilegios, incluso a costa de despojar a comunidades de sus medios de vida y recursos naturales.
¿Por qué hacen esto los políticos?
Casos como este revelan una lógica estructural del poder político en México: el uso del Estado no para servir al interés público, sino para acumular poder económico, influir sobre el territorio y garantizar impunidad. El agua, en este contexto, no es solo un recurso escaso: es una herramienta de control y un botín en disputas de poder.
Dejar sin agua a comunidades rurales no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa del modelo de acumulación que promueven ciertos actores políticos. El despojo de tierras, la presión para vender y la manipulación institucional son mecanismos para consolidar el dominio sobre regiones enteras, especialmente en zonas donde el Estado es débil o cómplice.
