Funcionarios bajo la lupa: amenazas, abuso laboral y desorden administrativo en Bienestar Social
Por Redacción Especial
Desde el viernes pasado, al menos 25 empleados de la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento han sido obligados a realizar tareas que no les corresponden, como parte de un aparente acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria, sin que medie contrato, capacitación adecuada ni compensación adicional. Se trata de trabajos como descacharrización, abatización de viviendas y otras actividades que deberían cubrirse con personal contratado específicamente para esas tareas mediante el programa federal de empleo temporal —que cada año recibe presupuesto asignado.
Lejos de ser una colaboración institucional voluntaria, los trabajadores denuncian que son amenazados constantemente por parte de las propias funcionarias del área: Perla Medina, titular de la Secretaría, así como Rayani, Claudia y Verónica, todas ellas coordinadoras del área. La advertencia es clara: si no cumplen, habrá actas administrativas o despidos.
«No nos negamos a trabajar, pero esto no nos toca. Nos traen de un lado a otro, de la Jurisdicción a eventos, y todavía nos piden acarrear gente para actos públicos como los de entrega de lentes. Y si no cumplimos, vienen las represalias», aseguran inconformes que, por temor, piden anonimato.
La denuncia refleja no solo un abuso de autoridad, sino también un preocupante desconocimiento del funcionamiento de la administración pública por parte del equipo de la Secretaría de Bienestar Social, un área fundamental para el contacto directo con la población. Esta improvisación operativa pone en entredicho la preparación de quienes ocupan cargos clave, muchos de los cuales llegaron a sus puestos solo después del triunfo electoral del actual alcalde.
Y si algo queda claro, es que el alcalde Alberto Granados no puede estar enterado de este caos. Porque si lo estuviera —afirman los afectados— estas prácticas ya habrían cesado. Como diputado y como extitular de esta misma Secretaría, el alcalde demostró que el diálogo y el orden son el camino para alcanzar resultados. Pero su equipo actual parece no haber aprendido nada de esa experiencia.
La crítica no es al cargo, es al mal ejercicio del mismo. Si las funcionarias no están a la altura, es momento de que den un paso al costado con dignidad, antes de hacerle más daño a la gestión municipal. El servicio público no es una plataforma personal ni un capricho: es una responsabilidad con los ciudadanos.
Consultado al respecto, el secretario de Administración, Abraham Salinas, aseguró que no tiene conocimiento oficial de esta situación, y que quien se sienta afectado debe presentar su denuncia ante la Contraloría Municipal. Pero, ¿cómo hacerlo si hay temor a represalias? ¿A dónde acudir si la misma estructura institucional protege a quienes cometen los abusos?
Los empleados han decidido alzar la voz, y este medio cumple con su papel: ser puente de información entre la ciudadanía y la autoridad. Ya no hay excusas. Las pruebas están, las voces se están escuchando, y los ojos están puestos sobre una administración que aún tiene oportunidad de corregir —si así lo decide.
