¿CÓDIGO CIVIL O LIBRO MORMÓN? EL GOLPE DE REALIDAD EN MATAMOROS QUE PONE EN EVIDENCIA LA COBARDÍA DE LOS DIPUTADOS
Por Arabela García / De Primera… La Dama de la Noticia
19 DE OCTUBRE DE 2026
MATAMOROS, TAMP.— Mientras la sociedad tamaulipeca —históricamente tradicionalista, reservada y reticente a las transformaciones culturales— prefiere mirar hacia otro lado cuando se habla de diversidad, la realidad jurídica nos estalla en la cara. La información que trasciende desde las dependencias públicas deja en claro que el marco legal local se quedó corto frente a la dinámica social.
Como un referente claro de esta encrucijada, los expedientes que se ventilan en la Oficialía Primera del Registro Civil de Matamoros, a cargo de Omar Masso Quintana, revelan casos extraordinarios que hoy cimbran los criterios administrativos y obligan a acatar fallos federales donde el Código Civil del estado simplemente no da respuestas.
Los dos expedientes de la controversia en Matamoros
En las vísperas de cerrar el año, la dependencia que encabeza Masso Quintana se ha convertido en el termómetro de un vacío legal insostenible:
El reconocimiento de identidad de género: Una ciudadana matamorense que acudió a solicitar la rectificación formal de su nombre, sexo y CURP recibió, de entrada, la negativa por escrito requerida por el arcaico código local. Sin embargo, tras promover un juicio de amparo, un juez de la Nación ordenó al Registro Civil expedirle su nueva acta. La autoridad administrativa simplemente acató la ley: cuando un tribunal federal manda, los derechos humanos se respetan.
El giro táctico en litigios familiares: El segundo expediente destapa un fenómeno aún más complejo: un padre de familia inmerso en un amargo litigio por la custodia de su hijo recurrió al cambio de género no por una convicción de identidad, sino como un recurso legal para buscar equidad de condiciones procesales ante tribunales de lo familiar que históricamente favorecen a la mujer.
El verdadero beneficio colectivo: No es solo ideología, es orden e institucionalidad
El debate sobre la identidad de género suele encasillarse torpemente como un tema menor o exclusivo de un sector. Nada más lejos de la verdad. Mantener una ley obsoleta nos cuesta y afecta a todos como sociedad:
Saturación del aparato judicial y gasto público: Cada ciudadano que se ve forzado a promover un amparo obliga al Estado y al Poder Judicial a destinar tiempo, recursos y abogados pagados con impuestos para litigar un derecho que la Suprema Corte ya ha respaldado como constitucional.
Certeza e identidad para la comunidad: Que existan ciudadanos con documentos contradictorios abre vacíos en trámites bancarios, fiscales, patrimoniales y de salud. Facilitar y regular la rectificación de forma administrativa aporta orden institucional y seguridad jurídica general.
Cierre de vacíos y distorsiones legales: La falta de reglas administrativas claras genera zonas grises donde la figura del cambio de género termina siendo empleada como estratagema procesal en juicios de custodia. Una legislación moderna y expedita evitaría distorsiones en los juzgados familiares.
¿Cálculo electoral o cobardía legislativa?
En una entidad donde el costo político de «lo moralmente correcto» parece pesar más que la realidad social, los legisladores prefieren la comodidad del avestruz: dejar que funcionarios administrativos reciban las solicitudes, que el Poder Judicial absorba el costo político vía amparos y que oficiales como Omar Masso Quintana sean quienes tengan que ejecutar lo que el Congreso se niega a votar.
Sucedió con el matrimonio igualitario y hoy se repite la historia. Tamaulipas no puede seguir legislando con el ojo puesto en la siguiente elección o el prejuicio en la mano. Adaptar el Código Civil no es una concesión ideológica; es una necesidad de modernización administrativa, ahorro de recursos y paz social. La sociedad ya cambió y los juzgados lo confirman; solo falta que se enteren en el Congreso del Estado.
